Durante los 90 días que duró el estado de excepción en las cárceles se invirtieron $ 21 millones, informó Edmundo Moncayo, director del Servicio Integral para Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI).

Moncayo ratificó que en las últimas tres semanas “no han existido hechos violentos que lamentar” y destacó la voluntad política del Gobierno para asignar los recursos del estado de excepción.

Explicó que de los $ 21 millones invertidos, $ 13 millones se destinaron al rubro de alimentación, $ 4 millones a la implementación del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, $ 2 millones para la implementación de sistemas informáticos, uniformes y pertrechos para los guías penitenciarios, y $ 1,9 millones para readecuaciones en el centro médico del Centro de Detención Provisional  (CDP) del Inca, en el norte de Quito.   

Indicó que a partir de septiembre laborarán jueces de garantías penitenciarias, en puntos considerados fundamentales, la Penitenciaría del Litoral, en la Regional Guayas y en la cárcel de mujeres. 

Además se ubicarán en la cárcel El Rodeo, de Portoviejo, provincia de Manabí; en  el centro de rehabilitación Turi, en Cuenca, Azuay; y la regional Sierra Norte (Cotopaxi).     

El subdirector Técnico de Rehabilitación Social, Orlando Jácome, aseguró que mejoró la administración y el manejo de las cárceles.

Además, se agilizarán las carpetas de las personas privadas de la libertad (ppl), para que se acojan a beneficios penitenciarios.

Otra de las acciones efectuadas durante la emergencia, fue la reclasificación de los presos peligrosos.

Jácome manifestó que a través del trabajo de Inteligencia policial se identificó si pertenecen o no a organizaciones delictivas, así se los distribuyó en los pabellones de máxima, mediana y mínima seguridad.

Se los separó para evitar hechos violentos en las cárceles, como los ocurridos este año en la Penitenciaría, y en la cárcel de Turi. (I)