Mediante un comunicado, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) emitió su postura frente a presuntos hechos de extorsión por parte de personas privadas de libertad.

En esa línea, la institución advirtió que se brindan las facilidades a las autoridades judiciales para investigar dichas denuncias que fueron presentadas de manera formal.

"Y de ser el caso, se sancione a los responsables de acciones que atenten contra el orden, la seguridad de las personas privadas de libertad y todo lo que va en contra de los objetivos institucionales", señaló el escrito.

El documento también reiteró que su accionar está encaminado en la prevención de infracciones, acciones violentas y todo hecho que infrinja las normas establecidas y afecte la convivencia de la población penitenciaria.

Según SNAI, dicha gestión se encamina a "la planificación de los centros de privación de libertad".
Uno de los casos en mención fue conocido por la Policía Nacional.

La madrugada de este miércoles 14 de octubre la Fiscalía detuvo a 13 personas, quienes fueron expersonas privadas de libertad. Esta localización y arresto fue posible tras el operativo "Némesis 12", en donde se incautaron una caja fuerte, dos pistolas, vehículos y celulares.

La mayoría de los detenidos tienen antecedentes penales por robo y estafa.

SNAI recordó en su comunicado que el delito de la extorsión está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 185.

Este menciona que la persona que, con el propósito de obtener provecho personal o para un tercero, obligue a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, será sancionada con prisión de entre 3 y 5 años.

Este anuncio se conoció cuatro días después de que el presidente de la República, Lenín Moreno, a través del Decreto Ejecutivo del 10 de octubre de 2010, anunciara la extensión del Estado de Excepción en las cárceles del país. (I)