La colocación de grilletes de vigilancia electrónica está suspendida temporalmente. Esto no afecta al monitoreo de las 2.748 personas que lo portan a nivel nacional.

Así consta en un oficio emitido el pasado 8 de agosto por el Ministerio de Justicia, dirigido a Marcelo Merlo, encargado del Consejo de la Judicatura (CJ).

Gina Godoy, coordinadora zonal de la cartera de Estado, indicó que “la petición de que los jueces se abstengan de otorgar la medida se transmitió a todas las localidades”.

El 18 de agosto de 2016 se suscribió el contrato para la compra de 4.000 dispositivos. Este ya terminó y además se encuentra bajo un proceso de examen especial por parte de la Contraloría General del Estado, desde mayo de 2018.

Godoy precisó que desde la adquisición se han realizado 7.154 instalaciones y desinstalaciones, siempre del mismo stock. “Por el uso algunos están deteriorados y deben ser reparados. Otros están en reserva, pero no en cantidad suficiente para abrir la disponibilidad”.

Detalló que se analiza la posibilidad de abrir un proceso para que nuevas empresas oferten su servicio a través del portal de compras públicas.

Sin embargo, todas las opciones deben ser revisadas de cara al proceso institucional tras la resolución del presidente de la República, Lenín Moreno, de que las competencias del Ministerio de Justicia las asuman otras carteras de Estado.

Víctor González, fiscal de Delitos Flagrantes de Guayaquil, detalló que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece diferentes medidas cautelares para garantizar la presencia de las personas procesadas.

Además de la prisión preventiva y la implementación del grillete, constan la prohibición de ausentarse del país, presentarse periódicamente ante un juez o autoridad o institución que designe y el arresto domiciliario.

Esta última medida se le dictó al ciudadano de 70 años que supuestamente practicó un aborto que terminó con la muerte de una joven en el suburbio de la ciudad.

Ante la falta de los dispositivos, serán policías los que custodien la casa de la que no podrá salir el procesado.

La normativa también estipula el uso del grillete para sustituir la prisión preventiva en casos especiales (mujeres embarazadas, tercera edad, enfermos terminales, entre otros) y para el cambio de régimen de rehabilitación social.

Liliana Guzmán, viceministra de Atención a Personas Privadas de la Libertad, indicó -en junio pasado- que eran monitoreados 2.442 dispositivos. De estos 2.354 de libre circulación, 70 de arrestos domiciliarios y 18 para protección de víctimas.

Además indicó que 52 personas que portaban el localizador regresaron a los centros penitenciarios por cometer otros delitos, principalmente relacionados con drogas. (I)