Grace (nombre protegido) tuvo durante cuatro meses en su tobillo un dispositivo de vigilancia electrónica, ella fue una de las primeras personas que abandonó un Centro de Rehabilitación Social, en este caso el de Latacunga, para beneficiarse de este sistema de monitoreo. La mujer de 28 años terminó de cumplir, la semana pasada, una sentencia de 18 meses por una infracción que mantiene en reserva.

“Ahora sí estoy libre. Aprendí que debo tomar mis propias decisiones y luego de la experiencia que viví en los centros estoy segura de que nunca más regresaré”, dijo.

El viernes último, funcionarios del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos le retiraron el dispositivo y desinstalaron la vigilancia y seguimiento que se realizaba desde el ECU-911. Su código, sus datos y todos sus movimientos no aparecerán más en la pantalla.

Este es el tercer aparato que se retira, el primero fue el de una mujer cubana que también había cumplido la mayor parte de su sentencia en el Centro de Rehabilitación Social en Latacunga.

Rosana Alvarado, titular de la Cartera de Estado, dijo que hasta mayo de 2017 se instalaron 111 de estos artefactos de vigilancia electrónica, de los 4.000 que adquirió el país, entre otras razones para evitar el hacinamiento carcelario. (I)