El gobierno ecuatoriano decretó el estado de excepción en la Función Judicial, “a fin de resolver la situación crítica por la que atraviesa y garantizar en debida forma el acceso a la justicia contemplado en la Constitución y prevenir una inminente conmoción interna”, dice el documento oficial.

El decreto permite declarar la movilización nacional especialmente de todo el personal de la Función Judicial, con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia oportuna e integral a los habitantes del Ecuador.

El gobierno declara como acción prioritaria la formulación, ejecución e implementación de los proyectos de cambio de la justicia en el Ecuador, mediante el Plan de Transformación de la Justicia.

El periodo de duración del estado de excepción es de 60 días a partir de la suscripción del decreto ejecutivo. El ámbito territorial de aplicación es en toda la república.

El Ministerio de Finanzas deberá situar los recursos suficientes para atender la emergencia. El estado de excepción será notificado a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional.