Con el llamado a rendir versiones a Édgar Pesántez, Ramiro Rosero y Rodrigo Cornejo, la Fiscalía reactivó ayer la investigación por el denominado caso “Yachay”.

Estas comparecencias son parte de varias diligencias dispuestas para estos días por parte de la autoridad fiscal, en la investigación que lleva adelante por presunto peculado en la construcción de cinco edificios en esa universidad.

Paúl Ocaña, abogado de Édgar Pesantez, gerente general de la empresa fiscalizadora de las obras, indicó que la versión de su defendido ha permitido demostrar que el Informe de Responsabilidad Penal (IRP) emitido por la Contraloría “no tiene efecto legal contundente”.

“Como empresa fiscalizadora hemos hecho una pericia conocida como prueba de carga sobre los edificios, donde demuestra que están bien construidos y que no tienen ningún problema y ningún riesgo”, señaló.

Para Ocaña esto es importante porque el IRP se destruye por sí solo y porque implica que el Gobierno puede continuar con la construcción de los cinco edificios de Yachay.

El 4 de abril de 2018, el contralor Pablo Celi remitió a la Fiscalía el examen especial realizado a Yachay, donde establece indicios de responsabilidad penal por el delito de peculado.

La Contraloría determinó un perjuicio al Estado, por $ 31,4 millones en ingeniería, estudios, fiscalización y construcción de cinco de los 10 edificios del campus ubicado en Imbabura.

En el informe DNA2-0015-2018 se detallan las responsabilidades, por parte de tres exautoridades de la empresa pública Yachay, la firma consultora Hospiplan, la constructora ConEcuakor y el consorcio fiscalizador HP.C.

Los auditores constataron que la construcción de los cinco edificios está detenida hace dos años, debido a las deflexiones y fisuras en elementos como vigas, losas y escaleras.

Además, establecieron que por decisión de las autoridades de Yachay EP se cambió arbitrariamente el diseño de los edificios. (I)