La Fiscalía General del Estado presentó cargos en contra de 17 personas por delitos de lavado de activos. Entre estas, constan ciudadanos ecuatorianos y de diferentes nacionalidades. Hasta el momento cinco de estas personas están detenidas y 12 se encuentran prófugas.

Según el Fiscal General, Galo Chiriboga, las investigaciones demostraron que los inculpados distribuían mercadería que era sobrevalorada hasta mil por ciento y que la indagación se dio en el caso de la utilización del Sistema Unificado de Compensación Regional (SUCRE) entre los países del ALBA.

En este caso están involucradas dos empresas que son: Escastel que exportaba equipos artesanales que tenían un costo de entre 600 y 1.200 dólares, vendidos en un aproximado de $ 250.000, y Pifo Garden que distribuía carbonato de calcio, a un costo de 17 centavos y vendido a $ 1.000.

Según José Luis Jaramillo, fiscal a cargo, dichas entidades habrían cometido este delito desde 2010 hasta mediados del 2012, cuando se iniciaron las investigaciones tras las denuncias realizadas por la Unidad de Delitos Financieros, Servicio de Rentas Internas y el Banco Central del Ecuador.

Las entidades de control y administración del Sistema SUCRE detectaron movimientos financieros irregulares, por actividad de comercio exterior, entre las empresas vinculadas de Ecuador y sus similares de Venezuela.

El delito es sancionado con reclusión menor de seis a nueve años.