Una vez que el juez nacional Iván Saquicela declaró la validez del proceso en el caso Singue, en el que están procesadas 15 personas por su presunta participación en el delito de peculado, continuó la audiencia preparatoria de juicio.

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, emitió su dictamen acusatorio en contra de los 15 imputados en calidad de autores del delito y posteriormente presentó 120 elementos de convicción para sustentar la acusación y solicitó al juez que los llame a juicio.

Un informe emitido por la Contraloría General del Estado con indicios de responsabilidad penal, dio origen a la investigación del contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos en el bloque Singue, el cual reveló irregularidades en la negociación y suscripción del convenio entre el Estado y el Consorcio DGC, integrado por Dygoil y Gente Oil Ecuador.

Se estableció que el equipo negociador calculó un valor de $ 33.5 por barril de petróleo durante 20 años, cifra que afectó a los intereses del Estado, pues la oferta no tomó en cuenta el 100% de las reservas probadas para el bloque Singue, según Fiscalía. Esto causó un perjuicio económico al Estado de $ 28’479.889. (I)