Conversaciones de un grupo de WhatsApp forman parte de las evidencias que tiene la Fiscalía en contra de ocho sospechosos de cometer cohecho.

Uno de ellos es Oswaldo B., quien era asistente de la Comisaría de la Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil.

El ciudadano presuntamente pedía pagos de entre $ 100 y $ 500 por avisar de los operativos de control que se realizaban en el sector y por otorgar irregularmente permisos para evitar sanciones.

Los demás detenidos son dueños y trabajadores de bares, discotecas y moteles, quienes se habrían beneficiado del acto ilícito.

Yanina Villagómez, fiscal provincial de Guayas, explicó que el delito de cohecho contempla sanción para los dos actores, para el funcionario público que recibe el dinero y para quien lo entrega.

La pena, que consta en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), oscila desde uno hasta siete años, según las circunstancias. (I)