Una delegación de la Mesa de la Verdad y la Justicia, que investigó los casos de presunta persecución política en el gobierno anterior, entregó una copia del informe final a la fiscal general, Diana Salazar.

En el documento consta el análisis de 247 casos de víctimas de persecución política  en el régimen de Rafael Correa contra defensores de la naturaleza, de los derechos humanos, policías procesados por la revuelta del 30 de septiembre (30-S), políticos y periodistas.

También consta que por lo menos 495 jueces, conjueces y fiscales, que habrían tenido actuaciones irregulares en los juicios, han sido denunciados para procesos administrativos en la Judicatura.

El presidente de la Mesa, Paúl Jácome, indicó que el pedido a la fiscal es que se agilicen las investigaciones contra los denunciados.

Además, que interponga sus buenos oficios para que se desclasifique la información, especialmente relacionada al 30-S. (I)