El Transnational Institute (TNI) ha identificado en su informe de junio de este año las diversas etapas que el país ha atravesado en relación a la evolución de las políticas.

En julio de 2008, Ecuador aprobó una nueva Constitución en la que se considera el consumo problemático de drogas como un tema de salud pública.

La norma constitucional señala que en cuanto a los consumidores de drogas en ningún caso se permitiría su criminalización ni se vulneran sus derechos constitucionales.

En los últimos meses del mismo año, alrededor de 1.500 personas que estaban en las cárceles de Ecuador sentenciadas por trafico de drogas recuperaron su libertad.

Ante esta situación, la Asamblea Nacional Constituyente otorgó un indulto bajo ciertas condiciones a los microtraficantes de droga, para enfrentar el hacinamiento carcelario que hay en el país, en parte causado por la legislación de droga.

La medida conocida como el “indulto para mulas” identificó a un grupo específico de encarcelados, víctima de la legislación indiscriminada y desproporcionada vigente en el país durante muchos años.

“Aunque con esta medida el Gobierno dio un paso importante en el proceso de reforma de una legislación draconiana en materia de drogas en su país, este está aún por complementarse con una nueva legislación”, narra parte del informe.

El escrito detalla además que la legislación vigente de Ecuador es una de las más duras de la región y que con la  propuesta de la nueva ley presentada ante el Parlamento Nacional se incorporaría un nuevo enfoque.