La especialización para los operadores de justicia y la cooperación internacional son las claves para combatir la corrupción, según Ramón Sáez Valcárcel, magistrado en la Audiencia Nacional de Madrid.

La semana pasada, el magistrado fue conferencista en el seminario “Lucha contra la corrupción y delincuencia organizada en Ecuador”, coordinado por el Consejo de la Judicatura y el PAcCTO, para fortalecer la capacitación de los operadores de justicia.

¿Cuál es la legislación que se aplica en España para combatir la corrupción?

Los delitos de corrupción comprometen a funcionarios  que realizan actos contra la ley, a cambio de una contraprestación, ya sea económica o de otro tipo de beneficio. Es la venta de un servicio público, y el servicio público no está a la venta. Estos delitos los combatimos con el Código Penal.

¿Es eficaz esa legislación española?

En la última reforma del Código, en 2015, se incrementaron las penas precisamente porque nuestras sociedades son más sensibles a la corrupción. El problema de la legislación penal en casos de corrupción es que nunca podemos confiar que a través de la persecución penal y del enjuiciamiento podamos resolver ese tema.

Es un problema económico, político, social, incluso cultural y educativo. Lo que puede hacer la ley penal es colaborar junto a otras políticas para poner límite a la corrupción.

Uno de los casos de corrupción más connotados surgió con  Odebrecht, ¿el caso ha trascendido en España?

Ha trascendido por el juicio  del expresidente de Brasil, Lula da Silva, pero no estoy al tanto de que si hay investigaciones con empresas españolas.

¿Es posible recuperar el dinero por actos de corrupción?

Para los sistemas judiciales es fácil quitarle la libertad a las personas que se les persigue. Pero es difícil identificar y recuperar los activos y bienes que proceden de la corrupción.

El sistema económico y financiero funciona con sigilo y reserva. Además, hay jurisdicciones offshore (constituidas fuera del país de residencia) que impiden identificar quiénes son los titulares de las cuentas.

¿Cómo se puede corregir este problema?

Ese es un problema que debe resolver la comunidad jurídica internacional levantando todos esos nudos que dificultan identificar de dónde procede ese dinero. 

¿Qué puede hacer el sistema de justicia de Ecuador para agilizar las sanciones por corrupción?

Especializar a los operadores de justicia. Ellos tienen a su cargo investigaciones complejas. Hay que conocer cómo funciona el sistema financiero, identificar balances y cuentas porque hay decenas de sociedades que ocultan las personas físicas que están detrás.

¿Los fiscales y jueces son los responsables de impulsar los casos de corrupción?

Sí, pero ellos deben tener los recursos suficientes y una garantía de independencia porque en algunos casos se enfrentan a personas con poder no solo político y/o económico. Los jueces necesitan potestades rigurosas e independencia.

¿Cuál es el sentido que le da a la cooperación internacional para combatir la corrupción?

Es un rol importante. El dinero que surge por la corrupción fluye por un sistema financiero global. Sin embargo, la justicia opera a escala local.

Si la justicia se mueve solo en el espacio de su jurisdicción, nunca sería capaz de detectar los movimientos de dinero. Para eso es necesario recabar el auxilio de otras autoridades judiciales para que se investiguen los movimientos en las cuentas. (I)