Con el objetivo de establecer una tutela judicial del patrimonio nacional, mediante la creación de judicaturas y fiscalías especializadas en atender problemas que afecten los derechos ambientales, culturales y de la naturaleza, el Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Patrimonio suscribieron un acuerdo. 

Así se prevé adoptar medidas preventivas y cautelares que protejan los derechos y bienes que existen.

Dentro de las acciones por plantear está la capacitación para una correcta aplicación de criterios judiciales dentro de investigaciones preprocesales y procesales, así como el juzgamiento de conductas que de manera directa o indirecta afecten o pongan en riesgo el patrimonio del país.