Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) y Bolívar Armijos, titular del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales (Conagopare), suscribieron un convenio para establecer mecanismos de promoción e implementación de los jueces de paz. 

La Justicia de Paz es un órgano que promueve la conciliación, el diálogo y los acuerdos amistosos, además, es libre y voluntaria, lo que implica que quien ejerce el cargo de juez, no recibe sueldo, pero sí participa en un sistema de incentivos que tiene la Judicatura y que implica fundamentalmente capacitación y formación.

En la actualidad existen 100 jueces de paz en 23 provincias y fueron elegidos por sus localidades y sus decisiones son adoptadas en un marco de equidad y el diálogo.

Patricia Salazar, directora nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del CJ, explicó que los jueces de paz brindan atención en 79 parroquias. Hasta el momento, ellos han intervenido en 221 casos. En la mayoría, que corresponden a temas vecinales, litigios por linderos o convivencia, se logró acuerdos que benefician a las partes involucradas.

“Realmente estamos muy contentos de firmar este convenio que involucra a la Justicia de Paz, pero, además, la difusión de derechos, para que la gente conozca sus garantías procesales. Es un convenio que nos da paso al establecimiento de centros de mediación en las juntas parroquiales”, expresó Jalkh.
De acuerdo a las cifras proporcionadas por la Judicatura, un total de 863 promotores de paz fueron capacitados.

De su lado, Armijos señaló que desde su jurisdicción trabajará para que en cada una de las 819 parroquias se promueva la aplicación de la justicia de paz, especialmente para beneficiar en los sectores en los que es más complicado contratar abogados e iniciar procesos legales.

Salazar explicó que para la selección de uno de estos jueces, primero se realiza un acercamiento con las parroquias o comunas interesadas, a las que se les explica qué beneficios tienen al contar con este servicio. (I)