El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, informó que el Gobierno alista cambios en el Código de Procedimiento Penal para combatir la retardación de justicia, una de las principales causas del hacinamiento en las cárceles del país.

"Hay que acabar con el tráfico del tiempo, el manoseo del tiempo, que hacen algunos abogados, jueces y fiscales, que les permite extorsionar y vivir de la sangre del preso y su familia", sostuvo.

García señaló que se está preparando este nuevo código, en el que se sancionaría a un juez o fiscal con cárcel si no determina una sentencia en tres o seis meses, por incumplimiento de deberes. "Es una medida muy fuerte que va en contra de los fiscales y jueces tardones y los abogados chantajistas", aseveró.

En el país, solo el 16,7% de los reclusos tiene sentencia, mientras que el 83,3% está en preventivos.

La Asamblea Legislativa ya aprobó el decreto presidencial de indulto y amnistía para los reclusos que cumplen condenas o están detenidos por delitos menores, medida que el Gobierno calcula, favorecerá a cerca de 2.500 personas.