Ayer, en la Fiscalía Provincial del Guayas, los representantes del sector justicia del país  analizaron el nuevo Código Penal Integral, cuyo proyecto se encuentra en proceso de aprobación en la Asamblea Nacional.

Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, indicó que la reunión sirve para recoger las propuestas de varios sectores y analizar su inclusión en la nueva normativa legal.

Una de esas propuestas provino de un grupo de mujeres y tiene que ver con el hecho de que no se desconozcan las medidas de amparo, que están previstas en la Ley 103 relativa a los temas de violencia de género.

Se estableció, además,  que la graduación de las penas debe tener como hecho de referencia el bien jurídico protegido, es decir, el derecho a la vida, por lo que todos los actos que atenten contra ese derecho serán los más penados. En los delitos de lesa humanidad y crimen organizado será de 25 a 28 años de reclusión.

Los operadores de justicia coincidieron en que se debe profundizar la oralidad del sistema penal y que se mejore la tecnología para que permita llevar los procesos de una manera más funcional y evitar el papeleo.
Así como darle más impulso a los procesos en los casos de flagrancia.