¿Qué ocurre cuando un funcionario expone en redes sociales información que debería incorporarse a un proceso penal? Es comprometer la validez de las evidencias y se podría irrespetar derechos constitucionales. Aunque aquello no es responsabilidad directa de los comunicadores, desde ahí podemos hablar del tratamiento periodístico y de los contenidos de las redes sociales, donde se están replicando estereotipos que legitiman la violencia de género. Eso es preocupante.

Si eso forma parte de la cobertura mediática, es grave. En un sistema mediático articulado a partir del beneficio económico, el hecho de tener la primicia se coloca por encima de los derechos humanos.

Es complicado, porque con ese cuento de la primicia, personas que podrían ser incorporadas al proceso de la Fiscalía están hablando para los medios. Veo que se judicializa un testimonio que está en el espacio mediático y no en el penal. Ese tratamiento le está poniendo una tarea adicional a la justicia. Hay cuestiones que son delicadas y que no deben circular en los medios, porque podrían comprometer la investigación, pero aquello no se respeta por el culto a la primicia.

Ese tratamiento informativo está incrementando la sensación de inseguridad, reproduciendo estereotipos que legitiman la violencia de género y prejuicios como si fueran verdades. Incluso se emiten juicios de valor, revictimizando a las turistas, cuestionando ¿por qué estuvieron solas?, ¿en dónde estuvieron los padres?

Es bastante arriesgado encasillar a todos los medios en esa línea, pero podría decirse que existe una tendencia. Estoy convencida de que ese tipo de coberturas no abona información relevante que el ciudadano pueda utilizar para sacar su propia opinión sobre lo ocurrido, ni tampoco aporta a que hallemos soluciones. Si en algo suma la información sobre temas judiciales, es para tomar conciencia de las cosas que como sociedad estamos fallando y eliminar la violencia contra las mujeres, o para que las jóvenes no sean permanentemente objeto de violencia. (I)