El Estado ecuatoriano mostró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que existen múltiples inconsistencias provocadas por los peticionarios y co-peticionarios en el caso de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV), Tagaeri y Taromenane.

Autoridades de la Procuraduría del Estado y los ministerios de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Ambiente acudieron ante la organización  en el 56 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para tratar sobre la protección a los pueblos indígenas en aislamiento (PIAV) que se cumplió en Washington, EE.UU. 

Ricardo Velasco, abogado de la Procuraduría, señaló que con las comparecencias de los abogados de Yasunidos y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), se “intenta construir un caso bajo un supuesto patrón continuado de violaciones de derechos humanos” en referencia a las denuncias de los años 2003, 2006 y ahora del 2013, según cita el Ministerio de Justicia, en un boletín de prensa.

Según ese comunicado, Alonso Fonseca, también abogado de la Procuraduría reseñó todos los avances que el Estado ha logrado en cuando a la aplicación del Plan de Medidas Cautelares. Así, destacó la implementación de un cerco epidemiológico a cargo del Ministerio de Salud Pública para evitar eventuales contagios de los no contactados con enfermedades para las cuales no poseen una memoria inmunológica.

El funcionario habló también de la delimitación de las zonas intangibles, así como del territorio waorani que en total engloba más de dos millones de hectáreas, equivalentes al 10 por ciento del área nacional, la misma que es adecuadamente monitoreada por los ministerios de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Defensa e Interior, entre otros.

Esta argumentación se complementó con la participación de Moi Enomenga, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (Nawe), quien resaltó el apoyo que su nacionalidad recibe por parte del Estado, en especial en temas de educación y salud. (I)