Las señoras Dolores Guerra, Vélez y Briones, viudas de 3 de los 8 ciudadanos ejecutados hace 10 años en una farmacia de la ciudadela Alborada (norte de Guayaquil), encabezaron un nuevo plantón para rechazar la acción policial que se efectuó para supuestamente evitar un asalto, luego de la cual desaparecieron otras 3 personas.

Durante la jornada, desarrollada en el mismo lugar de la masacre, 2 familias se sumaron a la protesta asegurando que sus seres queridos también fueron víctimas, pero que no lo revelaron antes por temor.

Olga R. afirmó que 2 de sus hijos estuvieron en el sitio aquel 19 de noviembre de 2003 y que uno murió y del otro todavía desconoce el paradero. Mientras que Ericka S. aseveró que a su esposo, de igual manera, lo mataron esa mañana.

Por este hecho, el pasado 14 de noviembre se realizó la audiencia de formulación de cargos en la Corte Nacional de Justicia, donde el fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, solicitó la prisión preventiva para 20 de los 31 policías procesados por la presunta violación de Derechos Humanos de ese grupo de ciudadanos.