Karina ya no regresará a la cárcel. Después de 15 meses de estar tras las rejas por un delito relacionado al tráfico de sustancias estupefacientes podrá volver a su domicilio, pero con una tobillera de vigilancia electrónica. Aunque es inexpresiva,  asegura sentirse feliz por la oportunidad de recuperar su libertad.

Ella es una de las 50 primeras personas que en Ecuador se benefician de la implementación del dispositivo, que es monitorizado desde las centrales del Servicio Integrado de Seguridad ECU-911.

Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, explicó que se adquirieron 4.000 dispositivos, de los cuales 400 ya están en el país y el resto llegará en mayo.

Los jueces analizan cada caso con un informe proporcionado por el Ministerio de Justicia, así autorizan el uso del artefacto y determinan si la persona puede o no movilizarse libremente. “En caso de salirse del área se emite una alerta, también si la tobillera es manipulada o si la batería no es cargada adecuadamente. Por ejemplo, los que pueden salir tienen restricciones de ir a terminales aéreas, terrestres o portuarias”.

La inversión es de $ 10 millones, pero “el ahorro es de $ 23 millones”. Explicó que esto no genera un gasto por rehabilitación dentro de los centros y en los arrestos domiciliarios ya no será necesaria la Policía. (I)