La empresa de televisión pagada DirecTV anunció este martes 13 de julio del 2021 que el sistema judicial emitió la segunda sentencia privativa de libertad por el acto ilegal de comercializar servicios de IPTV y la primera sentencia penal condenatoria por aprovechamiento ilícito de servicios públicos.

"Esta última, en contra de la aplicación IPTV LISTO que difundía contenido exclusivo de DirecTV, en especial DirecTV Sports con tres señales, así como de otros programadores; y, que comercializaba el servicio de audio y video, ofertando el acceso a más de 500 canales de televisión", precisó la operadora en el comunicado. 

IPTV es un sistema de televisión por internet, que captura imágenes de canales nacionales y extranjeros con señal en vivo y de diferentes programaciones (contenidos). 

El caso se inició el 5 marzo del 2018. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) presentó ante la Fiscalía General, la denuncia por el delito de aprovechamiento ilícito de servicios públicos contra la aplicación IPTV LISTO. La acusación tuvo como sustento la información proporcionada por la cadena DirecTV. Esto, bajo el convenio de cooperación de lucha contra la piratería de TV paga suscrito entre las dos entidades.

Según indicó la empresa, este proveedor de de TV por internet ofreció planes desde $ 9 mensuales y descuentos de $ 24 por el pago de tres meses o $ 42 por seis. Las promociones las realizaba en un sitio web y por redes sociales. 

Con este proceso legal, la proveedora de IPTV dejó de funcionar el 10 de julio del 2020, luego que se realizara un allanamiento al lugar donde operaba. "Se incautaron como evidencias del delito cometido equipo de computación, TV Box, FTA AZ AMERICA, ayuda ventas del aplicativo; y se detuvo, con fines investigativos a los distribuidores de esta aplicación", detalló DirecTV sobre el proceso.

El 21 de abril del 2021, tras las investigaciones, mediante providencia se declaró la culpabilidad de uno de los distribuidores de IPTV LISTO como autor del delito de aprovechamiento ilícito de servicios públicos. A él se le impuso pena privativa de libertad de cuatro meses, multa de un salario básico unificado ($ 400) y el pago de una indemnización al Estado, a través de ARCOTEL, por $44.836. Además recibió penas restrictivas de los derechos de propiedad y suspensión de los derechos políticos.