Una organización dedicada a la extorsión que operaba desde el interior del centro de privación de libertad de la zona 8, fue desarticulada por la Unase y Fiscalía, que determinaron que 10 PPL la integraban.

La modalidad, ideada por los internos, consistía en llamar a familiares de otros presos que previamente escogían, a quienes les exigían sumas de entre 100 a 3.000 dólares, a cambio de no atentar contra su integridad. El dinero debían  depositarlo en diferentes cuentas bancarias.

Esto motivó a la Policía a establecer un equipo investigativo de la Unase, que demoró cerca de 2 meses en confirmar la manera en que actuaban, así como también a todos los involucrados.

Los internos fueron sometidos a una audiencia de flagrancia para iniciar el proceso judicial. (I)