La supuesta falta de impulso para aceptar las peticiones  de  prelibertad  y la  no aplicación de  las rebajas de penas  para    internos han motivado el inicio de  acciones legales.

Ayer en la Corte de Justicia del Guayas, Patricia Castro Coronel, miembro del Comité de Derechos Humanos, anunció que se presentarán varias demandas de  acción de protección en contra de funcionarios de rehabilitación social.

“Aproximadamente 100 internos están dispuestos a firmar (estos recursos)  ante la no respuesta de las autoridades administrativas”, recalcó.

El jueves pasado el recluso  Joffre Vera García, a través de Castro Coronel,  presentó la primera  demanda para que los jueces tomen conocimiento de la supuesta omisión cometida por la  Dirección  del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil.

“El director  envía la carpeta, pero no la motiva... dice que la carpeta está incompleta y por eso los tribunales no despachan las peticiones de los internos”, dijo Castro. Ayer, en horas de la mañana, se tenía previsto   entregar en la sala de sorteo  seis acciones más, pero no se definió por una alerta de bomba en la Corte.