El pleno de la Corte Provincial de Justicia de Guayas y del Consejo de la Judicatura rechazó este miércoles las denuncias de injerencia en resoluciones judiciales, que 42 exjueces las presentaron públicamente el lunes.

El director general del Consejo de la Judicatura (CJ), Tomás Alvear, aseguró que se respaldan las decisiones jurisdiccionales de los jueces respetando la independencia de sus resoluciones. Esta entidad no cambia ni interpone o interfiere en los fallos que emiten los servidores.      

Alvear manifestó que hasta el momento no se ha presentado de manera formal en ninguna instancia jurisdiccional o judicial prueba alguna que respalde la postura de los exfuncionarios. “Todas fueron sanciones por petición de la ciudadanía, no es una acción propia del Consejo de la Judicatura o una persecución como se publicó en varios medios de comunicación”.  

El funcionario agregó que las decisiones de la Judicatura están avaladas por el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como el artículo 178 de la Constitución de la República. 

Para el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, Pedro Ortega, lo acontecido con los exfuncionarios contiene un claro tono político y están en contra de la ética constitucional que regula el debido proceso y el legítimo derecho a la defensa.  

Tras las declaraciones en los exteriores de la Corte de Justicia de Guayaquil, el abogado de los exjueces, Hernán Ulloa, aseguró que en pocos días se presentarán los documentos necesarios para comprobar lo que sus defendidos expresaron en días pasados. 

“Se tiene el testimonio de los exjueces, donde certifican que fueron sometidos a presiones, además se poseen audios que comprometen a autoridades del Consejo de la Judicatura que se darán a la Fiscalía para su análisis”, dijo.

El jurista tiene el apoyo de las asambleístas Cristina Reyes y de María Mercedes Cuesta. En un manifiesto los exfuncionarios exigieron la salida de Gustavo Jalkh. (I)