El defensor público general, Ernesto Pazmiño, y la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, acordaron impulsar acciones conjuntas para proteger y garantizar los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género y de las personas privadas de libertad.

La Defensoría Pública se comprometió a mantener una participación activa en el Plan Nacional de Erradicación de la violencia de género liderada por la Ministra de Justicia, en concordancia con la propuesta  del presidente de la República, Lenín Moreno, quien convocó a la cruzada nacional contra la violencia a la mujer y la familia, “para defender a las mujeres agredidas”.

De la misma manera, Pazmiño y Alvarado acordaron acciones conjuntas para organizar los expedientes de los privados de libertad y facilitar el ejercicio de sus derechos. La funcionaria de Justicia recordó que las personas detenidas solo han perdido su derecho a movilizarse.

En el encuentro, las dos autoridades acordaron mantener un trabajo coordinado y fortalecer sus compromisos en favor de los derechos de los grupos de atención prioritaria, y en ese sentido el Defensor Público expresó que “el trabajo por los más vulnerables es un objetivo en común”.

El acuerdo ministerial se suma al alcanzado la semana anterior con la Unicef, a través del cual el organismo internacional desarrollará un modelo de gestión único y armonizado de los servicios de protección de las víctimas de violencia. Estos son los servicios especiales de protección especial (SEPE) y centros de atención a víctimas.

Además, se establecerán los protocolos de gestión territorial de estos servicios. (I)