Wilson Merino, presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), declaró improcedente el recurso de casación interpuesto por los sentenciados en el caso Quinsacocha.

Merino indicó que el proceso debe regresar a la instancia anterior, es decir la Corte Provincial, donde se impuso una pena de 8 días de prisión.

Carlos Pérez, presidente de los Sistemas de Agua Comunitarios del Azuay, Federico  Guzmán, presidente de la Junta Parroquial de Victoria del Portete, y Efraín Arti, dirigente de Tarqui, fueron acusados de interrupción de los servicios públicos.

Sin embargo, el Tribunal Primero de Garantías Penales de Azuay los declaró inocentes, pero por una apelación de la Fiscalía a la Corte Provincial, esta los declaró culpables y los sentenció a un año de prisión; tiempo que luego fue rebajado a 8 días. Posteriormente los acusados presentaron el recurso de casación.

Los sentenciados fueron detenidos durante una manifestación en Tarqui, por la defensa de las fuentes de agua y páramos de la localidad de Quinsacocha. "Lo único que queríamos era que las fuentes de agua natural no sean entregadas para la explotación minera", dijo el acusado Carlos Pérez, durante la audiencia que duró más de dos horas.

En una primera instancia, las tres personas fueron acusadas de sabotaje y terrorismo por parte de la Fiscalía del Azuay, pero luego la figura fue cambiada por obstaculización de vías.

Luego de la audiencia y conocido el fallo, Pérez dijo que "los pueblos tienen derecho a resistir, y si por eso hay que ir a la cárcel, será un honor". Finalmente anunció que presentarán un recurso de ampliación y aclaración.