La crisis penitenciaria en Brasil, iniciada en la cárcel de Maranhao, obligó a que se tomaran medidas urgentes para controlar la violencia que se vive dentro de estos centros de “rehabilitación”.

Luego de la reunión del ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, y la gobernadora Roseana Sarney (PMDB), se anunció el paquete de medidas para detener el caos en las prisiones.

Controlar a 25 presos que lideran grupos criminales desde las  cárceles federales, integrar un grupo judicial para analizar la situación de los detenidos del Estado, la creación de un instituto para dar asistencia psicológica a los familiares de los condenados y otro más para capacitar a los agentes responsables por la seguridad de los centros penitenciarios, son las principales decisiones que tomaron las autoridades. Todas las acciones serán gestionadas por un comité estatal supervisado por el gobierno federal.

También, la gobernadora Sarney informó que hasta diciembre de este año se construirán cinco nuevas prisiones para solucionar el problema de sobrepoblación.