Coordinar e implementar mecanismos que permitan mayor seguridad al sector productivo de la Costa (comerciantes formales e informales, ganaderos, agricultores, empresarios y otros) es uno de los objetivos del Ministerio del Interior y las autoridades de Policía, que analizan los planteamientos que representantes de esos grupos realizaron a las autoridades  el pasado martes 18, durante una reunión donde se revisó esta situación.    

En la cita, que se cumplió en la Gobernación del Guayas, el viceministro de Seguridad, Javier Córdova, reafirmó el interés del Gobierno para coordinar el trabajo contra la inseguridad entre las Fuerzas Armadas y la Policía, a través del denominado Comando Conjunto Estratégico. “Por primera vez se llega a un acuerdo de este nivel, que posibilitará un mejor trabajo contra la delincuencia que amenaza a nuestro sector productivo”.

Los representantes del sector productivo del país, por su parte, expusieron planteamientos que consideran claves para apoyar el trabajo que realiza Policía. Entre otros puntos, se trató el endurecimiento de las penas a los menores de edad que cometan delitos contra la vida y otros de gravedad extrema, así como el seguimiento a las decisiones judiciales que han permitido impunidad a la actividad de criminales detenidos por la Policía.

En respuesta a este planteamiento, Córdova aseguró que esta  es una propuesta de Gobierno que aún debe ser estudiada por la Asamblea.

Enrique Baquerizo, representante de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, pidió optimizar el control sobre el porte de armas autorizado al sector agropecuario y de crianza de ganado, así como ampliar al sector rural la cobertura del sistema  “Botón de Seguridad” que ejecuta la Policía en sectores urbanos y urbanomarginales. 

La queja de los informales

Una de las observaciones que se analizarán fue la realizada por Ernesto Toledo, presidente de la Asociación de Comerciantes Minoristas del Guayas, quien denunció el abuso y agresión que reciben por parte de la Policía Metropolitana de Guayaquil, al prohibir su actividad y confiscar los productos que ofrecen en las calles.

 “Los  minoristas somos ciudadanos que  buscamos sobrevivir de manera honrada. Usualmente, por  falta de preparación,  optamos  por vender colas u otros productos para ganarnos la vida, sin embargo, tenemos que enfrentarnos en las calles con policías metropolitanos que nos confiscan los 3 o 4 dólares que tenemos como capital. ¿Cómo solventamos eso, cómo llevamos nuestro pan a la casa? Son cosas que el Municipio no quiere ver, ni le interesa, al parecer”, expresó Toledo.