El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha sentenció a 22 años de prisión a Pedro Antonio R. M., de 34 años de edad por el delito de violación.

Con el sustento probatorio de la reproducción del testimonio anticipado de la víctima, más los peritajes de entorno social, médico legal y psicológico (y otros), la Fiscalía demostró que el hombre agredió a su sobrina de 13 años.

Como reparación integral inmaterial, se determinó la no repetición de los hechos, el conocimiento de la verdad y tratamiento psicológico para la víctima, en la red de salud pública. Así precisa la sentencia condenatoria, notificada por escrito al fiscal de la causa, Hugo Pérez, del cantón Pedro Vicente Maldonado.

Según el agente, durante años, la adolescente de 13 años se sintió desprotegida, precisó la pericia de entorno social.

Tras la muerte de su madre, el padre inició otro compromiso. Se mudó con su hija –y sus otros dos hijos– a una nueva casa. Pero la convivencia no resultó, porque la madrastra y hermanastras no quisieron a la adolescente, que en aquel tiempo tenía 7 años de edad.

Entonces el padre la dejó a cargo de su abuela materna, en Pedro Vicente Maldonado (Pichincha). En ese lugar, su tío violó repetidamente a la adolescente, amenazándola con matarla si contaba los hechos.

La abuela tenía conocimiento de lo que sucedía, incluso lo habría presenciado una vez. Pero, en lugar de evitarlo o denunciarlo, agredía verbalmente a su nieta con adjetivos despectivos, incluso con amenazas e intentos de golpearla.

En marzo de 2017, cuando la víctima tenía 13 años, fue a visitar a su otro tío materno y le dijo a la esposa que ya no quería volver a la casa de su abuela porque su tío la violaba desde 2016.

Después de que presentaran la denuncia, tanto el agresor como la abuela realizaron actos de amenazas y persecución en contra de la adolescente, para que desistiera de acusar a su tío, por lo que fue ubicada en un lugar seguro. Con el tiempo pasó a custodia de su otro tío y su esposa.
Durante el juicio, el ahora sentenciado se acogió a su derecho constitucional al silencio. (I)