Durante las indagaciones realizadas, la Fiscalía identificó el papel que jugaron los procesados en el caso Odebrecht, en especial del empresario Diego C., quien habría intermediado en el pago de sobornos de la firma brasileña, y Ramiro C., exgerente de Transporte de Petroecuador, que se habría beneficiado de las supuestas coimas.

En la investigación se descubrió que Vladmau Construcciones -empresa constituida en diciembre del 2008- al parecer entregó a Ramiro C. $ 202.050, entre 2012 y 2015, “por servicios que jamás existieron” y cuyo origen sería Odebrecht. Estos pagos estarían relacionados con el contrato adjudicado a Odebrecht para construir el Poliducto Pascuales-Cuenca.

Vladmau también formó parte del consorcio World Wide Energy (WWE), al que el 3 de julio del 2015 Carlos P. Y. (Capaya), exgerente de Refinación, le dio un contrato sin concurso para rehabilitar una unidad de la refinería, por $ 18,1 millones, cuando el presupuesto referencial era de 11 millones.

En su momento, la Fiscalía pidió que se vinculara a Ramiro C. y a Diego C. al caso de supuesta asociación ilícita, en el que se investigaba a Ricardo R., tío del vicepresidente Jorge G., al empresario José T. y a otras cuatro personas.

Otra razón para unificar los casos es que José T., exfuncionario de Petroecuador y supuesto intermediario de Odebrecht, estaba relacionado con Diego C. a través de Joubert Corporation y Alesbury Investment S.A., firmas offshore constituidas en Panamá el 3 de enero del 2014 por el estudio jurídico Mossack Fonseca.

A la fecha, según la fiscal general Diana Salazar, por el caso Petroecuador están abiertos 11 procesos. De estos, 10 están en investigación previa; de ellas, cuatro por peculado y las otras por concusión, delincuencia organizada, tráfico de influencias,  defraudación tributaria, cohecho, y lavado de activos.

Y la restante está en la fase de instrucción fiscal, que es el caso Singue, por el que están procesadas 15 personas. (I)