La fiscal general, Diana Salazar, anunció la creación de una fuerza de tarea multidisciplinaria, la cual estará a cargo del trámite de los casos de corrupción que se han registrado en el país durante la emergencia sanitaria.

Esta instancia, que estará bajo su dirección, la conforman: tres fiscales de la Unidad de Transparencia; cinco fiscales de la Unidad de Lavado de Activos; cuatro fiscales provinciales; 24 fiscales de apoyo, uno por cada provincia; un coordinador de analistas; un experto en contratación pública; dos expertos en análisis financiero y una unidad de la Policía Nacional integrada con perfiles especializados.

El objetivo principal es impedir la impunidad, dijo Salazar, al tiempo de subrayar que la fuerza de tarea multidisciplinaria inicia sus labores en forma inmediata.

La Fiscal reveló que hasta la fecha se han registrado 45 casos de corrupción durante la emergencia sanitaria; de ellos, 43 están en la fase de investigación previa y, por lo tanto, tienen el carácter de reservado. Dos han pasado a instrucción fiscal, es decir, se han judicializado.

Según los datos oficiales, se investigan seis tipos de delitos (ver recuadro) que se habrían cometido en 13 provincias. La que registra mayor cantidad de casos es Guayas, con 12; seguida de Los Ríos, con 11.

Paola Pabón es investigada

A la lista de investigados, ayer se sumó la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, por un presunto sobreprecio en la compra de 400 bolsas para cadáveres y 10.000 pruebas rápidas para covid-19.

El fiscal de Pichincha, Alberto Santillán, abrió la investigación previa por posible peculado en la adquisición realizada.

Pabón respondió a través de Twitter: “Hoy, mientras alistamos la automatización del peaje, @FiscaliaEcuador guiada por una denuncia falsa en Twitter, abre proceso de investigación por ‘peculado’.

Así es la infame persecución que sufrimos todos los días. ¡Es tiempo de trabajar por la provincia y por la gente! #BastaYa”. (I)