La investigación sobre un presunto tráfico de influencias en la fallida adquisición de 7 mil kits de alimentos arrojó como resultado la vinculación en el proceso, de Carlos M., quien fuera administrador del contrato para la adquisición de esta ayuda humanitaria desde el Servicio de Gestión de Riesgos. 

En la causa también están procesados la exsecretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, y otros cuatro exfuncionarios de la institución. 

En la audiencia de vinculación y formulación de cargos, que se realizó en la tarde de este sábado 15 de agosto, la jueza nacional Daniella Camacho, escuchó la intervención de la abogada defensora del procesado, Ivette Nieto, quien argumentó que los elementos de convicción presentados por la Fiscalía no corresponden.

Además que no se debe aceptar el pedido de prisión preventiva, por cuanto su defendido no ha incumplido medida alguna y que se ha presentado de manera libre y voluntaria a rendir sus versiones en caso que se investiga.

En la audiencia, el fiscal subrogante Wilson Toainga solicitó el congelamiento de cuentas hasta  $ 5 mil para garantizar el pago eventual de una multa, según el artículo 70 numeral 7 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), así como la prohibición de enajenar bienes por un monto aproximado de $ 475 mil.

Luego del receso, la jueza declaró la validez procesal y notificó el inicio de la instrucción fiscal, por el presunto delito de tráfico de influencias, en función de los elementos que se expusieron en la audiencia. 

La duración de la instrucción fiscal será de 120 días, es decir, que concluye el 15 de septiembre de 2020. La jueza Camacho ordenó a Carlos M. presentarse todos los lunes a partir del 17 de agosto de este año en la Corte Provincial de Justicia del Guayas, así como la prohibición de salida del país.

Asimismo dispuso la retención de sus fondos existentes en todas las entidades bancarias por un monto de $ 5.000 y aceptó el pedido de prohibición de enajenar bienes por $ 475.000. No obstante, la Jueza no aceptó el pedido de prisión preventiva que solicitaba la Fiscalía.

Según la instrucción fiscal existen elementos de convicción contra los referidos exfuncionarios, por la presunta adquisición irregular de 7.000 kits de alimentos que debían ser entregados a la población afectada por la emergencia sanitaria, debido a la pandemia del covid-19. (I)