Desde el lunes 16 de marzode 2020 en que el gobierno nacional decreto la emergencia sanitaria por el covid-19 hasta el lunes 29 del mismo mes, la Función Judicial atendió 1.587 audiencias de flagrancia a escala nacional.

Las provincias con los índices más altos de estas diligencias son Guayas (317), Manabí (172), Pichincha (122), Los Ríos (110) y Esmeraldas (100).

Durante la emergencia las unidades judiciales que conocen infracciones flagrantes atienden en dos modalidades, una matutina presencial hasta las 13:00 y otra vespertina, a través de llamadas telefónicas. En el resto del país la atención es vía telefónica.

Según informó el martes 31 de marzo de 2020 el Consejo de la Judicatura (CJ), para precautelar la vida y la salud de los usuarios que asisten a las mencionadas unidades, así como de los servidores judiciales que laboran en esas dependencias, se ha dispuesto la habilitación de salas diferenciadas para que jueces, fiscales, procesados, defensores públicos y abogados puedan asistir a las audiencias, con lo cual se evita el riesgo de contagio con el virus.

A su vez, en Guayas se implementaron las videoaudiencias domiciliares, mediante las cuales los servidores judiciales atienden casos de flagrancia desde sus domicilios.

Esta medida se adoptó en consideración del potencial riesgo a la salud que existe en esa provincia, declarada como zona de seguridad nacional por el incremento en los índices de contagio del covid–19.

Desde el 27 hasta el 29 de marzo, en esa provincia se realizaron 14 videoaudiencias.

Los casos que se atienden en las unidades judiciales de flagrancia tienen relación con las materias: Penal; Familia; Tránsito; Violencia Contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar; Adolescentes Infractores; y, Garantías Penitenciarias. (I)