Para este lunes estaba prevista la instalación de la audiencia de juzgamiento contra los 10 jóvenes que fueron detenidos en el sector Luluncoto, en Quito, acusados de planificar atentados contra la seguridad del Estado.

No obstante, Julio Obando, presidente del Tercer Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, declaró fallida la diligencia, debido a la ausencia del juez Vladimir Jhayya Flor, quien solicitó licencia médica.

Un fuerte resguardo policial se evidenciaba desde temprano dentro y fuera del Palacio de Justicia, donde familiares, amigos y activistas exigían la libertad de los procesados.

Entre los asistentes constaba Gustavo Larrea, vocero de la Unidad Plurinacional de las Izquierdas, también dirigentes del Movimiento Popular Democrático (MPD).

El inicio de la audiencia había sido fijada para hoy, que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Los jóvenes, que se encuentran privados de libertad desde hace 9 meses, iniciaron el viernes anterior una huelga de hambre como protesta contra lo que consideran una violación a los derechos democráticos.

Sin embargo, la Fiscalía insiste en que los procesados pertenecen al Grupo de Combatientes Populares (GCP), a quienes se les atribuyó la colocación de bombas panfletarias en Quito, Guayaquil y Cuenca. Entre las evidencias decomisadas por la Policía hay cuadernos, mensajes de texto y seguimientos en redes sociales.

Los familiares calificaron el hecho como "maniobra" desde el poder político para evitar la audiencia. Dijeron que se reunirán hoy para analizar con los abogados qué recursos legales quedan en este caso.

Ramiro Vinueza, hermano de uno de los procesados, señaló que pedirán a las organizaciones sociales y fuerzas políticas que respalden la acción. No descartaron sumarse a la huelga de hambre.