El martes 8 de octubre, la Policía aprehendió a 72 personas, en su mayoría indígenas, en el interior del edificio de la Asamblea Nacional, donde causaron daños materiales.

Todos fueron llevados al cuartel del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional, porque las unidades de Flagrancia estaban cerradas por la violencia en el paro nacional.

Al día siguiente, 9 de octubre, fueron trasladados a audiencia, donde la jueza Paulina Sarsoza, ordenó la libertad de los 72 detenidos, porque la Fiscalía determinó el arresto como ilegal.

Un día después de la liberación de los manifestantes, el 10 de octubre, Santiago Salazar, procurador Judicial de la Asamblea, presentó en la Policía Judicial la denuncia por los daños causados al Palacio Legislativo.

Según ese escrito, los violentos protestantes forzaron seguridades y puertas; rompieron cristales, equipos de oficina y causaron destrozos en la sala Nela Martínez, ubicada en la planta baja del edificio. Los daños sumaron la cantidad de $ 70.000.

Salazar explicó que debido al estado de excepción, la denuncia formal no se presentó en la Fiscalía, porque sus instalaciones estaban cerradas por medidas de seguridad y lo hicieron en la Policía Judicial.

Sin embargo, la fiscal general del Estado, Diana Salazar sostuvo, en su comparecencia en la Asamblea, que durante esos días de conmoción nacional, la institución no detuvo su trabajo y se receptaron 595 noticias del delito a escala nacional.

El escrito del Poder Legislativo se fundamentó en el parte policial que informaba de la detención e identificación de 72 personas. Además planteaba como presuntos delitos el daño a bien ajeno, ataque o resistencia, paralización de un servicio público y participación de grupos subversivos.

Investigación previa
Al momento, el caso de la Asamblea está en etapa de indagación y el encargado es el fiscal Álex Castillo. Entre las diligencias cumplidas están el avalúo de daños, solicitud del listado de personal policial, verificación de las imágenes captadas por el ECU-911 y por las cámaras de la Asamblea.

Presuntamente, el fin es identificar a los responsables de los daños del inmueble. Según el informe estadístico de la Fiscalía, por el violento ingreso de manifestantes al Legislativo hay una denuncia en investigación previa. (I)