Luego de dos años y medio de la revuelta policial ocurrida el 30 de septiembre de 2010, la Fiscalía General  formuló cargos por presunto delito de atentado a la seguridad interna del Estado, en contra de 84 uniformados de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas (FF.AA.) y policías en servicio pasivo.

A las 09:00 de ayer, en el Juzgado 14 de lo Penal, el fiscal encargado del caso, Iván Ron, acusó a los uniformados de haber suspendido servicios básicos durante el 30 de septiembre, cuando se tomaron la pista del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre, hecho  que se configuraría como delito. En la diligencia, Ron se abstuvo de acusar al general Fabián Maya Lema y al mayor Roberto Salazar, ambos miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

La decisión del juez David Jacho fue prohibir la salida del país de los 84 involucrados. Stalin López, abogado de un grupo de uniformados, señaló como acertado que no se haya pedido la prisión preventiva para ellos, pues, dijo, es personal activo que se encuentra trabajando.

“Durante los 90 días que dure la instrucción fiscal se demostrará el porqué de la  presencia de cada uniformado en la pista del aeropuerto el 30-S, día en que se paralizaron las actividades de la pista aérea y se suspendieron vuelos nacionales e internacionales”, afirmó López.

Si los tiempos se cumplen según lo establecido, la audiencia preparatoria de juicio y de sustentación de dictamen se realizará en el mes de junio. Allí el fiscal deberá establecer responsabilidades a cada procesado.