Tras un mes de posesionados, los 80 jueces y juezas especializados en Violencia Intrafamiliar iniciarán sus labores, desde mañana, en las Unidades Judiciales de violencia contra la Mujer y la Familia de Guayaquil, Quito, Santa Elena, Chone, Milagro, Quevedo, Ibarra, Otavalo, Loja, Latacunga, Esmeraldas y Yantzaza.

En Guayaquil, informó el Consejo de la Judicatura (CJ), a través de su página web: www.funcionjudicial.gob.ec, se realizó el fin de semana el proceso de mudanza al nuevo centro judicial, situado en el km 8,5 de la vía a Daule (Florida Norte) no solo de los juzgados de Violencia Intrafamiliar, sino también de Inquilinato y Relaciones Vecinales, Trabajo y el Centro de Mediación. Todos funcionaron anteriormente en la Unidad Judicial adjunto al centro comercial Albán Borja.

Además, se informó que, desde el próximo 22 de julio, se cambiarán los juzgados de lo Civil y Mercantil, Tránsito y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.

El objetivo es que la obra completa sea inaugurada el próximo 25 de julio. Luego de la mudanza, en el Centro Judicial adjunto al centro comercial Albán Borja, solo funcionará el área de garantías penales y adolescentes infractores, y también las casillas judiciales.

Por otro lado, las unidades en Tulcán, Manta, Portoviejo, Santo Domingo, Ambato, Riobamba, Guaranda, Machala, Babahoyo, Azogues, Cuenca, Durán y Puyo, desde el próximo 22 de julio, realizarán un trabajo interno de preparación y validación del modelo de gestión.

En una ceremonia, realizada el pasado 13 de junio, el presidente del CJ, Gustavo Jalkh, tomó juramento y posesionó en sus cargos a los 80 servidores judiciales, quienes desarrollarán un trabajo de articulación interna y validarán el modelo de gestión que regirá en estos servicios, adecuando todos los elementos necesarios para dar una buena atención a los usuarios.

“A diferencia de las Comisarías de la Mujer, estas dependencias brindarán atención integral a víctimas de violencia intrafamiliar, puesto que su estructura incluye equipos técnicos para atender de manera profesional e inmediata. Estos equipos estarán conformados por un médico, un psicólogo y una trabajadora social”, señaló el funcionario.

Las unidades dispondrán de áreas de atención primaria, donde la víctima recibirá asesoría adecuada antes de que acceda al proceso legal.