Con el lema de “El Ecuador es un territorio de paz”, el Consejo de la Judicatura inició el Plan Nacional de Centros de Mediación para persuadir  a que las personas acudan a este tipo de arreglo y desechen seguir un proceso  judicial ante la presencia de un conflicto.

Sara Llanos, directora del programa, explicó que estos centros brindarán  servicio de justicia rápido, efectivo y gratuito, el cual además es accesible a todas las personas y permitirá la elaboración de acuerdos mutuos de las partes confrontadas,  que tendrán la misma validez que la sentencia de un juez, “pero sin la necesidad de llegar  a un juicio”.

Por este motivo habilitaron espacios adecuados en todas las unidades judiciales del país. Además, por el convenio firmado con el Ministerio del Interior, contarán con oficinas mediadoras en las UPC, dependiendo del lugar, y de esta manera llegarán a la mayor parte de la  población posible.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, comentó que este plan es de suma importancia, ya que son métodos alternos de solución de conflictos: “el diálogo tiene que ser política pública, por eso impulsamos proyectos de esta naturaleza”.

El funcionario estima que el acceso a la justicia significa resolver nuestras disputas amparados en  nuestros derechos, evitando la impunidad y para que las leyes no sean parámetros abstractos. “Los centros de mediación forman parte de una visión global que abarca dos principios fundamentales: democracia y justicia”, opinó Jalkh.

Las mediaciones son participativas, por lo que fortalecen el sistema democrático y mejoran las condiciones de igualdad en el acceso al sistema de justicia, lo cual “es fundamental para que las personas puedan llegar a un acuerdo ecuánime que promueva los procesos de diálogo”, señaló el funcionario.

Los tipos de conflictos que se pueden negociar en estos centros son los familiares, de alimentos, comunitarios, de arrendamiento, laborales, de linderos, de deudas, de bienes, de servicios, contractuales y ambientales, y en el área penal todo depende del caso que será evaluado por los mediadores.

Los ciudadanos pueden solicitar, sin costo alguno, la intervención de un mediador, quien luego de llegar a un acuerdo con las partes emitirá una resolución de efecto obligatorio para los implicados.