Un centro de rehabilitación para adictos que operaba de forma ilegal fue clausurado esta mañana. El operativo se ejecutó en coordinación con la Fiscalía y con la Policía Nacional.

Cerca de 50 gendarmes allanaron una vivienda de tres pisos, localizada en Santo Tomás de Guamaní, al sur de Quito. Fabián Salazar, fiscal a cargo, explicó que el operativo se ejecutó debido a que el centro no funcionaba bajo las normas que exige el Ministerio de Salud Pública (MSP). Además no contaba con las instalaciones adecuadas para ofrecer este tipo de terapias.

En el centro se encontraban 18 menores de edad y 46 adultos, quienes fueron rescatados.

Tras el trabajo de control, se conoció que en el último piso de un inmueble se daban las terapias tanto a hombres como a mujeres, mientras que la terraza se instalaron las habitaciones con literas en donde dormían los pacientes.

La Fiscalía actuó bajo las denuncias de ciertos internos que daban cuenta de maltratos. Un muchacho de 15 años, que fue internado  hace un mes por problemas de consumo de alcohol, contó que un día despertó dentro del sitio, pero no recordó más detalles. Estimó que le dieron alguna sustancia para quedar inconsciente al momento de ser internado.

Este joven mostró varias marcas en su espalda que, según dijo, fueron causadas por una paliza con una manguera de caucho, en la terraza de la vivienda. "Me echaron agua helada, luego me pegaron", contó y añadió que algunos de sus compañeros recibieron descargas eléctricas como parte de las terapias.

No obstante, la medida tuvo el rechazo de los familiares de varios pacientes. Ellos se hicieron presentes en el operativo y aseguraron que en el lugar realiza terapias a través de consejería espiritual y que sus seres queridos si han logrado rehabilitarse. "Mi hijo ha dejado a un lado el consumo de alcohol y las drogas", comentó un familiar que pidió su nombre en reserva.

Tras el allanamiento, un funcionario del establecimiento (que aseguró ser pastor) fue detenido para iniciar investigaciones. Los menores de edad fueron puestos a órdenes del personal de la Dirección Nacional de Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), mientras que los adultos regresaron a sus respectivos hogares.