La persona que dijo llevar una bomba y un rifle en su equipaje podría pasar de 1 a 3 años privada de su libertad, según lo establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP). La normativa señala, en su artículo 346, que existe delito cuando una persona impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público.

Tras la audiencia de formulación de cargos, el ciudadano Jorki G. quedó con prisión preventiva por paralizar el servicio público en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. El fiscal Marco Gaibor, encargado de la investigación, informó que el ciudadano iba a viajar a Bruselas la tarde del 7 de junio. Sin embargo, mientras se realizaba la verificación de su equipaje, Jorki G. le ‘confesó’ al personal aeroportuario que tenía una bomba y un rifle.

Esta situación generó que se activaran los controles de seguridad por una posible amenaza de bomba, por lo que todas las personas que estaban en las instalaciones de la terminal aérea fueron evacuadas.

Este hecho afectó el normal desarrollo de los vuelos nacionales e internacionales, por aproximadamente una hora. Luego de la inspección realizada en el lugar, por personal del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional, se determinó que era falsa la existencia del artefacto explosivo y el arma. Una semana antes, un pasajero en la zona de arribo se negó a abrir sus maletas y también se alertó un posible artefacto explosivo. (I)