Hoy, viernes 20 de noviembre, se inició la audiencia de juicio en contra de la exasambleísta María Esperanza G. y otros procesados. 

La diligencia se desarrolla en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Un promedio de 20 testigos (entre ellos funcionarios de varias dependencias públicas) fueron convocados por la Fiscalía y la defensa de los sindicados.  Los jueces que integran el Tribunal de la Sala Penal son Miguel Jurado, Luis Enríquez y Gladys Terán.

El proceso legal se efectúa luego de que en octubre pasado la jueza nacional Sylvia Sánchez llamara a juicio por presunto delito de cohecho a la exasambleísta de Alianza País, por Esmeraldas, María Esperanza G., así como a Miguel S. B. (ex director de Alianza PAIS en Esmeraldas y exgerente de la empresa de agua potable en Esmeraldas). También convocó a juicio a Walter D. T. C. y Santiago P .

En la primera etapa de la audiencia de este viernes, el fiscal general Galo Chiriboga, presentó la teoría del caso. Señaló que existiría una "presunta comisión del delito de cohecho”, ya que la exfuncionaria acusada, además del resto de procesados, habría recibido $ 800 mil de la empresa Promocaledonian, para gestionar la aprobación del contrato de cambio de tubería con la empresa de agua potable San Mateo, en la provincia de Esmeraldas.

El caso se inició luego de una denuncia presentada en la Fiscalía por el vicepresidente Jorge Glas, después de que Esperanza G. fuera detenida sorpresivamente el 24 de mayo, en las afueras de la Asamblea Nacional, tras la ceremonia en el que el Presidente Rafael Correa presentó su Informe a la Nación. La exlegisladora fue electa para el cargo en las elecciones de 2013.

Ramiro Román, abogado de María Esperanza G., señaló que su defendida no está involucrada en este caso. Aseguró que ella no tiene nada que ver en la entrega de esos fondos,  e indicó que se cumplió de forma indebida la formulación de cargos irrespetando su condición de asambleísta. 

En la etapa de la presentación de pruebas, se inició la convocatoria de los testigos. El primero fue Gonzalo Calvopiña, exgerente de Petroecuador que asignó recursos para el financiamiento de la obra de agua potable en Esmeraldas. Entre los hechos que reconoció que si tuvo conocimiento de que la empresa de Agua Potable de Esmeraldas contrató a la empresa Promocaledonian. 

Después de Calvopiña, se llamó María Armiña, directora encargada del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) de Esmeraldas, quien señaló que durante el proceso del contrato para la obra no conoció a la legisladora. 

Luego de la funcionaria fue llamado Paúl López, oficial de coordinación de Secretaría de Inteligencia. En su declaración el agente aseguró que Miguel S.B. señaló que la legisladora se puso en contacto con él para pedir dinero que sería empleado para recapitalizar el gasto que hizo la asambleísta en la campaña electoral. 

Según el oficial, Miguel N., funcionario que laboraba en Petrocomercial, llegó a la oficina de Miguel S.B.;llamó a la legisladora y le puso al teléfono. Según el agente, en la llamada, María Esperanza G. le habría ordenado que entregara el dinero a Miguel N.

López indicó que inmediatamente consultó a Esperanza G. si era verdad que ella se contactó con el exgerente de la empresa de agua potable vía telefónica. Ella, según el agente, respondió que fue sometida por unos hombres encapuchados y obligada a realizar la llamada. Y señaló que Walter D. T. C. le habría propuesto a la asambleísta recuperar el dinero invertido en la campaña electoral en Esmeraldas ya que él tenía tenía contactos con la empresa Promocaledonian.

El delito de cohecho está tipificado en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Sanciona a funcionarios públicos que reciban o acepten un beneficio económico indebido. El cometimiento de esta falta contempla una pena privativa de libertas de entre 2 y 5 años.

Hasta las 15:30 acudió a comparecer el cuarto testigo. Chiriboga estimó que hasta el domingo se podría extender la audiencia. (I)