Tribunal ratifica un año de cárcel a exvicepresidenta

María Alejandra V. pedía cumplir la condena impuesta, en libertad. La Fiscalía y la Procuraduría se opusieron por la gravedad del delito y la conmoción que causó el caso.
06 de febrero de 2020 00:00

Por unanimidad, el Tribunal Penal integrado por los jueces nacionales Marco Rodríguez, Daniella Camacho y Wilman Terán, negó la suspensión condicional de la pena, solicitada por la exvicepresidenta de la República, María Alejandra V.

La exfuncionaria, quien fue sentenciada a un año de cárcel por el delito de concusión, esperaba que se acepte su pedido para cumplir la condena, pero en libertad.

En audiencia realizada este miércoles 5 de febrero de 2020 en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Ana María Ontaneda, abogada de la exsegunda mandataria, sustentó su pedido en cuatro puntos.

Que el delito tiene una pena menor a cinco años; que su cliente no tiene pendiente otra sentencia; que no ha variado la situación de la acusada; y porque no se pide la eliminación de la sentencia sino otras condiciones.

El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, se opuso al pedido debido a la gravedad del delito y de la actuación de la exfuncionaria.

Posición a la que se sumó la Procuraduría General del Estado, en su condición de acusador particular. Pidió a los jueces que no se dé paso a la suspensión condicional de la pena, porque la conducta de la sentenciada “es muy grave, por el delito de concusión que cometió en contra la eficiencia de la administración pública”.

Además, porque faltó y defraudó la confianza depositada en ella por el pueblo, abusando además de la alta función que ostentaba al ejercer un cargo de elección popular.

Estos argumentos fueron acogidos por el Tribunal. El juez ponente, Marco Rodríguez, al dar a conocer la resolución de los magistrados aseguró que la pena de un año no significa una precarización de la condición de la procesada. Además, dijo que la víctima es el Estado ecuatoriano y la reparación integral, establecida en $ 173.180, le corresponde es al Estado y no a los denunciantes.

La exvicepresidenta es la primera en recibir una condena dentro del caso Diezmos, fue procesada por solicitar contribuciones ilegales a tres de sus colaboradores cuando se desempeñaba como legisladora.

El dinero supuestamente estaba destinado al financiamiento del movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), al que ella pertenecía y era dirigente.

Procesada agotará los recursos

Tras la resolución de este miércoles 5 de febrero de 2020, María Alejandra V. insistió en su inocencia y afirmó que su sentencia fue política y no jurídica. Por ello agotará todos los recursos disponibles que la ley y la Constitución le facultan. “Como ciudadana me he defendido desde el inicio y tengan la seguridad de que jamás aceptaré una condena injusta”, indicó.

Ana María Ontaneda, abogada de la exfuncionaria, reveló que ya han solicitado el recurso de aclaración y ampliación de la sentencia. “Luego continuaremos con los recursos que la ley nos ampara”, dijo, al subrayar que lo único que están haciendo es una defensa técnica cumpliendo las normas legales.

Fue enfática en señalar que la pena no solo es perseguir y meter presa a la gente, sino cuidar la libertad y las garantías de las personas que han sido sentenciadas. “En la lucha contra la corrupción la Fiscalía y la Procuraduría se han empecinado en eliminar esos derechos”, manifestó. (I)

Fechas clave
La denuncia y la reacción
Tras la denuncia de su excolaborador Ángel Sagbay, realizada el 28 de octubre de 2018, el 27 de noviembre del mismo año la entonces Vicepresidenta dice que lo denunciado en su contra busca crear caos político y afectar al Gobierno Nacional.

15 de mayo de 2019, la fiscal general Diana Salazar pide a la Justicia llamar a juicio a la acusada.

La sentencia impuesta
El 30 de enero de 2020, los jueces nacionales Marco Rodríguez, Daniella Camacho y Wilmer Terán, la declaran culpable del delito de concusión y la sentencian a un año de cárcel. (I)

La exfuncionaria y sus abogados anunciaron que agotarán los recursos legales para que se revise la resolución.
Foto: Álvaro Pérez / El Telégrafo
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