Superintendencia de Compañías apoyará en las investigaciones por irregularidades detectadas en Isspol

- 22 de septiembre de 2020 - 14:39
La ministra de Gobierno ofreció declaraciones en el Palacio de Carondelet.
Tomadas de Twitter

Romo informó que se detectaron dos grandes operaciones que suman los $ 532 millones que versarían sobre una estafa.

Entre 2014 y 2016, la administración del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) realizó negociaciones de bonos de deuda pública sin respaldo pertinente por un valor de $ 532 millones.

Así lo alertó este martes, María Paula Romo, ministra de Gobierno, quien señaló que continúa la intervención en dicha institución en donde se han encontrado diferentes irregularidades.

A esta conclusión se llegó tras la intervención efectuada al Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale).

Romo informó que se detectaron dos grandes operaciones que suman los $ 532 millones que versarían sobre una estafa a los fondos de jubilación y de pensiones del Isspol.

Durante una rueda de prensa ofrecida en el Palacio de Carondelet, la Ministra de Gobierno indicó que se trata de dos operaciones distintas realizadas en 2014, 2015 y 2016, pero que tienen características en común.

Entre estas, una de ellas fue una operación swap (intercambio de dinero), que se realizó por Jorge Chérrez Miño, representante legal de ambas empresas domiciliadas en Panamá, las cuales son custodiadas por Decevale, que se convirtió en el custodio de la contraparte de la compensación que debía recibir Isspol.

Entre las novedades, de estos contratos, se detectó que Isspol se comprometió con una empresa privada a intercambiar bonos de deuda ecuatoriana que estaban en su poder y a cambio, esta empresa le entregaba al Isspol otro tipo de documentos.

ISSPOL

Según indicó Romo, en la primera operación, el Isspol entregó $327 millones a una empresa y esta empresa garantizó que esos bonos iban a ser compensados con notas globales sobre bonos de deuda ecuatoriana.

La segunda operación se efectuó a través de varios desembolsos (de entre $ 10 millones y $20 millones) que sumaron $205 millones por la compra de bonos de deuda ecuatoriana.

Isspol adquirió bonos de deuda ecuatoriana, pero no al Ministerio de Economía, sino a una empresa privada a través de un pacto de recompra y a valor nominal.

Lo particular de esta transacción, explicó Romo, fue que cuando llegaba el día del vencimiento, esta empresa volvía a entregar al Instituto de la Policía más papeles (que tampoco se encuentran en poder del Isspol) y advertían que dicho pago va a estar custodiado por Decevale.

Ante esta situación, la actual administración de Isspol informó a Decevale que no se seguirán recibiendo papeles en pago y tendrán que cumplir con las obligaciones de entregar dinero al Isspol como rendimiento de sus inversiones.

Justo después de esta notificación, Decevale cayó en mora y "están vencidos los pagos por más de $100 millones en este momento", alertó Romo.

Fue así que el Ministerio de Gobierno solicitó a la Superintendencia de Compañías la intervención de Decevale.

Ahora, el Isspol y el Ministerio de Gobierno están a la espera de los resultados que arroje esta intervención.

En ese sentido, la ministra indicó que la semana pasada, la Superintendencia de Compañías presentó una demanda penal en la Fiscalía contra los directores y responsables de Decevale, pero advirtió que el Isspol presentó otra demanda en agosto pasado, sobre el mismo tema, con la finalidad de recuperar el dinero.

Identificar a los responsables de esta estafa
La ministra ofreció estas declaraciones junto con Jorge Villarroel, director del Isspol, y Patricio Carrillo, comandante General de la Policía.

La Secretaria de Estado reiteró que lo importante es dar con los responsables de esta presunta estafa que involucra a funcionarios públicos y privados. Entre ellos, directivos civiles y policiales del Instituto, los vendedores de bonos en el sector privado y organismos de control.

En esa línea, Villarroel, manifestó que con el primer informe presentado por la Superintendencia de Bancos fue una alerta que tuvo como consecuencia la salida de los directores técnicos de área del Instituto.

Informó que se aprobaron nuevas políticas de inversión con el funcionamiento de una Comisión de Riesgos e Inversiones. Además, se reestructuraron las áreas técnicas con analistas de riesgos y liquidez.

Advirtió que también se pidió la intervención de la Contraloría General del Estado, así como de la Superintendencia de Bancos "para poner en orden la casa, que no vuelvan a ocurrir este tipo de anomalías", dijo.

Carrillo de su lado, añadió que los seguros que administra el Isspol están cubiertos, todas las prestaciones de los afiliados tanto en servicio activo como en pasivo se encuentran garantizadas.
Agregó que se vigilará para que haya una reparación de los daños y prejuicios a la institución.

"Estoy seguro y convencido que las capacidades institucionales con la cooperación internacional nos permitirá localizar a las personas como los dineros, la ruta del dinero, la ruta de las transacciones", replicó.

Romo mencionó que el general David Proaño Silva, exdirectivo del Isspol, sería uno de los involucrados, en cuanto a Chérrez Miño, continúan las investigaciones para determinar qué tipo de relaciones pudo tener con las autoridades de control. (I)

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