La Procuraduría General del Estado se convirtió en acusadora particular en contra de 25 de los 26 vinculados en el denominado caso Sobornos 2012-2016.

Esto luego de que este miércoles el procurador general, Íñigo Salvador, reconoció en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la firma y rúbrica de la denuncia presentada la semana anterior.

 De aquí en adelante la Procuraduría será parte procesal como víctima y por ello solicita una reparación integral para el Estado de    $ 22,5 millones.

Este valor no incluye el porcentaje por la indemnización inmaterial, la cual deberá ser fijada por el Tribunal que juzgue a los procesados del caso, dijo.

El funcionario recordó que la denuncia de la Procuraduría contra los 25 procesados fue por el presunto delito de cohecho y no se lo hizo contra el abogado Francisco N., por no encontrar los suficientes elementos o indicios de culpabilidad.

“Las afectaciones al bien público y la vulneración hacia los intereses del Estado”, es lo que reclamará la Procuraduría en el desarrollo del proceso, aseguró.

La jueza nacional Daniella Camacho, luego de la diligencia de reconocimiento de firma y rúbrica, instaló la audiencia para revisar las medidas cautelares de tres de los 26 procesados.

Carlos Cortázar, abogado de Bolívar S., dijo que su cliente ha desistido de pedir cambio de medidas, por lo que la jueza ratificó las impuestas: prohibición de salida del país y presentación periódica ante el juez.

Para los procesados William P. C. y Mateo Ch. dispuso la prisión preventiva, se proceda a la localización y captura, y que se notifique a la Interpol.

La decisión la tomó, porque los dos procesados no han cumplido con las anteriores medidas cautelares.

Carlos Cadena, abogado de William P. C., ratificó que su defendido ha decidido no presentarse ante la justicia porque “no hay las garantías necesarias”.

Para esta tarde en la CNJ está previsto que Geraldo de Souza, exejecutivo de Odebrecht, rinda su versión sobre el caso. (I)