Medidas cautelares para 5 vinculados al caso Singue

- 10 de junio de 2019 - 16:48
La audiencia se desarrolló esta mañana en la Corte Nacional de Justicia.
Foto: Mario Egas / EL TELÉGRAFO

La Fiscalía General del Estado vinculó a cinco personas al proceso penal que se sigue por el presunto delito de peculado que se habría cometido en la licitación para la adjudicación, exploración y explotación del bloque Singue, en la región Amazónica.

Los vinculados son Juan S., Jorge A., César G., Gustavo D. y Silvana P. Con esta vinculación, el plazo de la instrucción fiscal aumenta 30 días más.

Por pedido de Fiscalía, el juez nacional Iván Saquicela dictó medidas cautelares de carácter personal y real, como la prohibición de ausentarse del país, la obligación de presentarse periódicamente ante el juez y la retención de bienes.

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, presentó alrededor de 60 elementos de convicción en contra de los procesados, mismos que hacen presumir su participación en el delito que se investiga.

Salazar precisó que esta investigación inició con base en el Informe DASE 044-2017, con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP), emitido por la Contraloría General del Estado, en el cual se analizó el contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos en el bloque Singue, mismo que reveló irregularidades en la negociación y en la suscripción del convenio entre el Estado ecuatoriano y el Consorcio DGC, integrado por Dygoil y Gente Oil Ecuador.

Según la Fiscalía, estos cinco ciudadanos -inobservando la normativa legal- habrían aprobado la adjudicación del contrato que causó un perjuicio económico al Estado por $ 28’ 479. 889.

En este caso están procesadas 15 personas en total. A 10 se les formuló cargos, el pasado 13 de marzo. Entre ellos constan Jorge Glas, exvicepresidente de la República; y Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos.

El delito de peculado está tipificado en el artículo 257, inciso primero, del Código Penal vigente a la fecha en que se cometió el hecho -subsumido en el artículo 278, inciso primero, del COP- y que contempla una pena de ocho a doce años de privación de libertad. (I)

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