El lunes 14 de octubre se hizo justicia para los familiares de tres personas que fueron brutalmente asesinadas con golpes, palos y piedras en Posorja, parroquia rural de Guayaquil, provincia del Guayas.

A dos días del primer aniversario del fatídico episodio,  siete personas fueron sentenciadas a 34 años y ocho meses -como autores materiales-, y otros cuatro procesados deberán purgar 17 años y cuatro meses en calidad de cómplices del linchamiento en Posorja.

La noche del lunes, luego de escuchar los alegatos finales, los familiares de los imputados esperaban con los nervios de punta el fallo de Odalia Ledesma, jueza ponente de Garantías Penales del Guayas.

Había quienes caminaban vehementes a lo largo de la vereda, algunos se agruparon para rezar por una resolución favorable, mientras que otros calmaban su llanto en el hombro de algún pariente.

Un profundo sollozo daba aviso que el juicio había terminado. Uno a uno, deshechos, los familiares de los acusados salían a dar la mala noticia. “Se me llevan a mi hijo por 34 años, él es un buen chico, no hizo nada, por qué le arruinan la vida”, decía una mujer embargada por la desesperación.

Otra, invadida por la ira, descargó su frustración contra empleados judiciales que se retiraban del edificio. “No fueron 11 ni 20, fueron 2.000 quienes participaron en el linchamiento. ¿Por qué solo mi hijo va preso?”, gritaba.

Roberto Malagón, abogado de las familias de las víctimas, se mostró complacido por la sentencia. Durante el juicio se presentaron testimonios, pruebas físicas y documentales que permitieron reconocer plenamente a los involucrados.

“Todos los que participaron en este bochornoso hecho están captados en imágenes y videos; además, los policías que actuaron ese día han identificado a todos y cada uno de los acusados”, afirma.

Son 11 personas que ya recibieron su castigo por el linchamiento de tres ciudadanos en Posorja; sin embargo, la justicia está pendiente para otros siete prófugos y un octavo que desde finales de septiembre guarda prisión y espera juicio.

Malagón pedirá a la Policía que incluya a los fugitivos en la lista de los Más Buscados, para dar con su paradero y que se haga justicia.

Del otro lado del drama, los abogados de los acusados criticaban la resolución, a la vez que trataban de dar consuelo a los parientes. “Vamos a presentar la apelación a la sentencia, quédense tranquilos que esto sigue”, aseguraban a quienes les rogaban que no los abandonen en este proceso.

Christina Ochoa, defensora de José B., sentenciado a 34 años y ocho meses, tilda de vergonzosa la decisión de la jueza Ledesma. Asegura que contra algunos de los detenidos existen testimonios, videos y fotos que los ligan como autores directos y se los condenó como cómplices.

“A mi defendido solo un policía lo identifica como autor de desmanes, no lo vio agrediendo a nadie y le impusieron una pena excesiva, pues se lo consideró como autor material”.

Critica que como José B., otros acusados también fueron  sentenciados, únicamente, en base de los testimonios de policías que dicen haberlos visto en la trifulca.

Sostiene que los uniformados “no pueden tener tan buena memoria como para recordar los rostros luego de un año”. Por este motivo tiene confianza en que la apelación será aceptada.

Del linchamiento no se habla
“Todos nos acordamos de lo que pasó hace un año, pero aquí nadie le va a hablar de eso” – “y ¿por qué?” - “por vergüenza”, responde la cajera de un supermercado, quien no quiso identificarse, cuando se le pregunta sobre el hecho.

Como ella, la mayoría de habitantes de Posorja se niegan a rememorar el cruento episodio. Solo escuchar la palabra “linchamiento” es suficiente para que los parroquianos dejen de hablar al instante.

Pocos habitantes están dispuestos a comentar sobre lo ocurrido el 16 de octubre de 2018, cuando un falso rumor volcó -indignados- a los pobladores a las calles para tomar justicia por propia mano.

El subteniente Marcelo Camino, jefe del Circuito Posorja, recuerda que cerca de las 16:00 una turba de 2.000 personas se concentró afuera de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) para exigir que entreguen a tres detenidos.

Eran dos hombres y una mujer que, según el rumor, eran parte de una banda de secuestradores de niños y habían intentado llevarse a un menor.

Luego se supo que en realidad eran ladrones, detenidos por robar $ 200 a una mujer.

La manifestación llevaba cerca de una hora y el pueblo perdió la cordura. “Algunos atacaron el edificio con piedras y palos; otros, subieron paredes, rompieron el techo y lanzaron bombas incendiarias”, recuerda Camino.

Después de prender fuego y destrozar puertas y ventanas, la turba ingresó por la fuerza, golpeó a los agentes y sacó a los capturados a media calle; durante el vía crucis recibieron palazos, pedradas en la cabeza y fueron apuñalados.

Isaac Rodríguez, pescador que presenció el hecho, aseguró que cuando los ladrones fueron sacados de la UPC, la mujer ya estaba muerta.

Rememora que las vejaciones siguieron incluso cuando los linchados ya no daban señales de vida.  “Cuando ya eran cadáveres intentaron quemarlos, pero los policías que llegaron lo impidieron y dispersaron a las personas”.

Este episodio marcó a Posorja, así lo evidencian sus ciudadanos y quienes quedaron presos por este delito. (I)