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Se activa un frente común en la "guerra" a la inseguridad

Se activa un frente común en la "guerra" a la inseguridad
02 de septiembre de 2019 - 00:00 - Unidad de Investigación

De lunes a viernes, a las 08:30, Carolina toma un bus de servicio público para dirigirse a la universidad. Uno de esos días, dos hombres y una mujer aprovecharon la afluencia de pasajeros y la oscuridad del túnel de San Juan, en el centro de Quito, para desvalijarlos.

El robo es uno de los delitos más frecuentes en los ingresos y salidas de los túneles de San Juan, San Roque y San Diego, así como en los sectores de El Tejar y La Marín. Sin embargo, la particularidad es que ahora los asaltantes portan armas de fuego o cortopunzantes para someter a sus víctimas, como ocurrió con los usuarios del bus  del corredor suroccidental.

 “La violencia cada vez va en aumento”, dijo preocupada la joven universitaria.

De acuerdo a estadísticas de la Fiscalía General, la violencia se ha incrementado de enero a julio de 2019 con respecto a los mismos meses del 2018.

Seis tipos de delitos que ocurren con frecuencia en Ecuador muestran una tendencia al alza: violación, robo, homicidio, asesinato y secuestro. En cambio, el tráfico de drogas y el femicidio bajaron. Unos delitos destacan de otros según la jurisdicción donde se registren.

Por ejemplo, las violaciones presentan un incremento del casi el 9%, comparado al primer semestre de 2018 y 2019.

Cifras del Ministerio de Gobierno, por su parte, muestran que el asesinato creció en el país un 14,1%.

Sin embargo, el tráfico de drogas disminuyó un 8% en ese mismo período analizado, mientras que el femicidio bajó 24,4% (ver infografía).

El coronel José Vargas, vocero de la Policía Nacional,  destacó también la disminución del robo a domiciliosaccesorios de vehículos, así como el asalto en carreteras.

Aclaró que si bien las cifras demuestran un incremento de homicidios, también se debe considerar que Ecuador tiene una tasa de 5,7 homicidios por cada  100 mil habitantes, ubicándose en cuarto lugar de los países con menor incidencia.

La Fiscalía y el Ministerio de Gobierno coincidieron en indicar a los Medios Públicos que Guayaquil, Samborondón y Durán son las zonas con mayor número de homicidios intencionales en lo que va del presente año.

Lautaro Ojeda, profesor universitario e investigador en temas de seguridad, resaltó la voluntad del Gobierno Central y de la Alcaldía de Guayaquil para combatir la inseguridad.

Dijo que el verdadero problema radica en que no existe un conocimiento profundo sobre delincuencia.

Para él es primordial conocer, por ejemplo, el origen de las bandas organizadas y los nuevos delitos, “que son fenómenos de enorme complejidad, agilidad y con mucho poder”. Aquello permitirá saber las causas y consecuencias que están detrás de cada delito.

A más de eso, consideró que el Estado debe hacer una mayor inversión, pues citó por ejemplo que en el país no existe una especialización en Criminología, “los que quieren formarse deben ir a estudiar fuera”.

Añadió que la clave también está en un cambio constitucional, para que los gobiernos locales puedan ser partícipes del combate a la inseguridad, según cada realidad y problemática que afrontan.

En marcha medidas coordinadas con los cabildos, Policía y FF.AA.

El Gobierno Nacional emprendió en el último mes dos acciones medulares para enfrentar la inseguridad en el país.

El 15 de agosto pasado, las alcaldías de Quito y Guayaquil y el Ministerio de Gobierno suscribieron acuerdos para promover la seguridad ciudadana. En cambio, el 29 del mismo mes, el presidente Lenín Moreno ordenó reforzar los patrullajes y operativos a cargo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

En lo referente a los acuerdos, en el caso de Quito acordaron crear una Comisión Interinstitucional de Seguridad; elaborar el Plan Local de Seguridad para repotenciar las Unidades de Vigilancia y Policía Comunitaria; y, realizar las estrategias en logística de seguridad con videovigilancia.

El Municipio facilitará la gestión de bienes inmuebles que estén en posesión del Ministerio de Gobierno y Policía Nacional para regularizarlos.

En cuanto a Guayaquil, el Cabildo dictará ordenanzas, colaborará con recursos, equipos y personal. Se solicitará que la Asamblea tramite reformas al Código Penal, a la ley para que la Policía retire armas sin permiso y reformas a la Ley de Movilidad Humana, para que las personas que ingresen al país presenten su pasado delictivo.

El Municipio de Guayaquil  y el Ministerio de Gobierno se comprometieron a mantener el patrullaje todo el día, Para ello, ofrecieron aportar con camionetas y combustible.

Euclides Mantilla, secretario de seguridad del Distrito Metropolitano de Quito, aseguró que está listo un convenio específico para el arreglo de 34 UPCS. Lo firmará con el Ministerio de Gobierno “para mejorar la capacidad de la Policía”.

Además, está en proceso la adquisición de 78 cámaras para el sistema de videovigilancia de la ciudad, que permitirá reconocer al delincuente. Iniciará en el Centro Histórico.

En 2020 se construirá en La Marín la Unidad de Vigilancia Centro e iniciará el plan de recuperación de la Mariscal.

Según Vargas, “en muchos países, la presencia física de los policías no es muy notable, pero existen cámaras en todos los lugares y lo que filme puede ser usado para encausar legalmente a un delincuente”. (I)

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