Fiscalía ejecutó allanamientos en tres presuntos casos de corrupción

- 08 de mayo de 2020 - 11:11
Los agentes allanaron las oficinas del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos de Gestión de Riesgos, en la vía a Samborondón.
Foto: Cortesía

Personal de la Fiscalía y la Policía Nacional allanaron la madrugada de este viernes 8 de mayo de 2020, las instalaciones del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos de Gestión de Riesgos (SNGR) y otros dos inmuebles en Guayaquil, Samborondón y Daule. Los agentes buscaron indicios ante las denuncias de presunto sobreprecio en la compra de 7 mil kits de alimentos, en el contexto de la crisis sanitaria por la covid-19.

El operativo fue ejecutado por la fiscal provincial Yanina Villagómez y cuatro agentes fiscales, en Guayaquil (sector Mucho Lote), en Daule (urbanización privada) y en las oficinas del SNGR, ubicadas al interior del Complejo del ECU 911, en el kilómetro 1 de la vía a Samborondón.

En el operativo se incautó documentación relacionada al hecho que se investiga, es decir, la presunta adquisición de paquetes alimenticios por un valor de 1’055.740 dólares más IVA, que habrían sido destinados a ciudadanos de escasos recursos, ante la emergencia sanitaria que afronta el país.

La Fiscalía continuará con las diligencias para determinar si existen o no irregularidades en la adquisición de estos kits alimenticios. El contrato habría sido firmado entre la secretaria de Gestión de Riesgos, María Alexandra Ocles, y el proveedor, Fulton Antonio C. J.

También se informó sobre la detención de cuatro personas en otro operativo. Los agentes buscan pruebas por un presunto delito tributario en la venta de dispositivos e insumos médicos al Instituto de Seguridad Social. En la publicación se aprecia a peritos registrando inmuebles para obtener más información. 

En Ambato (Tungurahua), hubo una incursión de fiscales y policías en el Hospital Docente de esa urbe. El objetivo fue recabar indicios respecto a la adquisición de overoles con posible sobreprecio. Se presume una compra de $ 250 000 en el marco de la emergencia sanitaria. 

En la diligencia se incautaron cuatro computadoras, dos teléfonos celulares y documentación digital que estaría relacionada con el proceso de compra. Ni los documentos físicos ni los presuntos responsables se encontraban en el lugar allanado.

El fiscal provincial, Galo Romero, manifestó que la Fiscalía iniciará una investigación previa por los presuntos delitos de tráfico de influencias, defraudación tributaria y alteración de evidencias y elementos de prueba, ya que según la información recabada en las primeras horas, los documentos físicos habrían sido sustraídos del edificio.

Además, informó que la empresa que figura en el proceso de compras públicas está registrada en el Servicio de Rentas Internas (SRI) como una empresa dedicada al transporte, es decir, su actividad no estaría relacionada a la comercialización de insumos médicos. (I)

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