La plantilla de profesores e inspectores del colegio réplica Aguirre Abad, ubicado en el sector de Mapasingue, al norte de Guayaquil, está bajo la lupa de la Fiscalía de Guayas, pues todos rendirán sus testimonios durante los 90 días que dure la instrucción fiscal por el caso de ultraje a alumnos de este plantel.    

La Fiscalía estudiará la documentación relacionada con las denuncias que presentaron los padres de familia por estos hechos a la rectora de la institución, Patricia Cuenca, quien fue destituida por el Ministerio de Educación.

Además los peritos tendrán tiempo suficiente para analizar el contenido de las computadoras del área de Bienestar Social y del rectorado del plantel que fueron decomisadas.      

También la fiscal de Guayas, Patricia Morejón, solicitó la nómina de los profesores que trabajan en el área matutina y vespertina del plantel, a fin de llamarlos a rendir su versión sobre el abuso a las víctimas.

El último fin de semana, en el complejo judicial Albán Borja se desarrolló la audiencia de formulación de cargos en la cual el juez Édgar Macías ordenó la prisión preventiva  del profesor Eduardo Neill  B. S. y del inspector Máximo M.M. por el presunto delito de violación. Ellos se unieron al exmaestro Bryan M., que también está preso por la misma causa.

Durante la audiencia, el fiscal César Peña fue enfático en imputar a ambos detenidos por el delito de violación, el cual -según el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)- dispone una sanción con pena privativa de libertad de 19 a 22 años.  

De acuerdo con el mismo artículo se impone la máxima pena cuando los procesados incurren en lo que señalan los numerales 2: “Cuando se use violencia, amenaza o intimidación”; y 3: “Cuando la víctima sea menor de 14 años”. Este último numeral en concordancia con lo que disponen los incisos 2: “La víctima como consecuencia de la infracción, contrae una enfermedad grave o mortal”; 3. “La víctima es menor de 10 años”; y 4. “La o el agresor es tutor, representante legal, curador o cualquier persona del entorno íntimo de la familia o del entorno de la víctima, ministro de culto o profesional de la educación, de la salud...”. El juez Macías inició instrucción fiscal por un plazo de 90 días para que las partes e investigadores recaben la información y evidencias necesarias en este caso.

En tanto, el Ministerio del Interior mantiene en la lista de Más buscados al profesor de educación física Egry Xavier Magallanes Benites, quien huyó del plantel el 6 de octubre cuando acudieron los padres de las víctimas con la Policía y Fiscalía, y solo arrestaron a un profesor. Por disposición del Ministerio de Educación se dará una recompensa de hasta $ 10.000 a la persona que proporcione información que ayude a su localización.

De las denuncias presentadas por los padres de las víctimas se conoce que estos docentes encerraban a los niños en un baño del plantel y les daban pastillas como caramelos que les causaban mareo para dar paso luego a su perversión e incluso grabar lo que hacían. (I)