Familiares de Sonia García, de 49 años, quien perdió la vida hace dos semanas durante una cirugía  en la clínica  Gastromed, llegaron hasta la Fiscalía de Pichincha para pedir justicia por los posibles actos de negligencia médica que ocasionaron la muerte de su allegada.

Maximiliano Torres, dueño de la casa de salud y acusado de homicidio inintencional,   debía rendir su versión   la mañana de ayer ante el fiscal Vicente Reinoso, pero no se presentó. Su abogado Stalyn Oviedo  explicó que mientras no se levante la orden de detención sobre su defendido, el galeno no se presentará, pues   las autoridades únicamente quieren detenerlo.

De acuerdo a la ley, se establecerá una segunda fecha para que Torres dé su versión de los hechos, luego   la Policía tendrá la  orden  de llevarlo por la fuerza.

Una de las enfermeras de la clínica   declaró   en  su versión  que   la intervención quirúrgica     se la realizaron a Sonia a las 05:00, el pasado 21 de mayo, y el mismo día, a las 06:00 y 09:00, se solicitó pintas de sangre a la Cruz Roja.

Juan Ortiz, esposo de la víctima, no comprende por qué si la intervención estaba prevista para las 08:45   se la realizó antes y por qué no se le notificó    a la familia.

Los otros agravantes que deben ser tomados en consideración por las autoridades judiciales son   el abandono del cuerpo de Sonia en el quirófano, por parte del personal médico que estuvo presente, y la falta de información a los familiares que horas después se percataron del fallecimiento.

Las autoridades tratan de establecer si fue Juan Pablo Torres, hermano de Max Torres, quien al momento de la cirugía cortó la aorta abdominal de Sonia,  le causó la muerte. Faltan aún  seis personas que den    su testimonio durante los 30 días de indagación previa.

Con cartel en mano y una camiseta con la imagen de Sonia,  Andrea (hija de la occisa)   manifestó que no descansará  hasta conseguir que se castigue a los responsables.

“A pesar del dolor seguiremos, no voy a parar por mi mamá”, expresó la joven. Recalcó que nada compensará la pérdida del ser querido, menos aún, si la pena que pueden recibir los responsables es de dos a cinco años y es susceptible de fianza.  La clínica  Gastromed  permanece clausurada, según los sellos, por tener medicamentos caducados.

El cónyuge  de Sonia explicó que antes de la intervención, Max Torres cobró 7.000 dólares  y nunca les entregó facturas.  Después de la tragedia,  la historia clínica de la paciente desapareció y  las autoridades la encontraron en la casa de una de las enfermeras.

Según los afectados, Torres estaría tratando de vender algunas propiedades que posee en varias partes del país.